La excepción fundada en el negocio causal o subyacente
Facultad para reclamar el importe y accesorios
El Código de Comercio, en su artículo 782, reconoce la titularidad de la acción cambiaria. Con fundamento en la cual faculta al tenedor legítimo del título valor, para que pueda reclamar el pago del importe del título, los intereses moratorios desde el día del vencimiento. Así como los gastos de cobranza y la prima y gastos de transferencia de una plaza a otra, si a ello hubiera lugar.
Lo anterior, con apoyo en el principio de autonomía activa, según el cual el acreedor cambiario puede reclamar de todos los suscritores o de uno de ellos el importe y demás accesorios literalizados (C de Co, art 785).
La excepción fundada en el negocio causal o subyacente
Establece el ordenamiento mercantil que contra la acción cambiaria el deudor puede formular las excepciones derivadas del negocio jurídico que dio origen a la creación o transferencia del título (C de Co. art, 784 Num.12). Sin embargo, dada la presunción de legalidad de que gozan los títulos valores, este reclamo no es absoluto. Se presenta lo que la jurisprudencia ha denominado la distribución de la carga probatoria en la respectiva contienda judicial, donde se ejercite la acción cambiaria.
Si el deudor cambiario opta por hacer oponibles asuntos propios del negocio subyacente, le corresponderá, entonces, probar:
- “Las características particulares del mismo.
- “Las consecuencias jurídicas que, en razón a su grado de importancia, tienen el estatus suficiente para afectar el carácter autónomo.” Así como “ ...la exigibilidad propia del derecho de crédito incorporado en un título valor. “[1]
La seguridad jurídica
Es patente que los principios rectores de los títulos valores están dirigidos a garantizar la seguridad jurídica, la certeza sobre la existencia y exigibilidad de la obligación. Así como la posibilidad que el crédito incorporado sea susceptible de tráfico mercantil con la simple entrega material del título y el cumplimiento de la ley de circulación.
En consecuencia, si el deudor pretende negar la exigibilidad de la obligación cambiaria, deberá demostrar fehacientemente que la literalidad del título se ve afectada por las particularidades del negocio subyacente. Así, toda la carga de la prueba se impone exclusivamente al deudor, al ejecutado que propone la excepción.
